El tiempo de ocupación supera el año en muchos casos
FRANCESC ARROYO
"¿Cuántas viviendas públicas se encuentran en situación de ocupación ilegal? ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Administración para dar solución a esta problemática?". Las dos preguntas las presentó el grupo de CiU en la última comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La respuesta dada por el delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, fue que el número de pisos públicos ocupados en Barcelona por gente a quien no se les ha asignado uno de ellos es de 18 y en todos los casos se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y se está a la espera de lo que dictamine el juez. A las 18 viviendas ocupadas y pertenecientes al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona hay que añadir otras 21 que son de Adigsa, la empresa pública que administra los pisos de alquiler protegido de la Generalitat. Esas 39 viviendas, las 18 municipales más las 21 de la Generalitat, son las ocupadas en Barcelona, pero en el conjunto de Cataluña, el número de familias que se han instalado en pisos públicos sin que nadie les haya autorizado asciende a 87.
En el caso de Barcelona, las viviendas ocupadas llevan bastante tiempo en esta situación. Dos de ellas fueron ocupadas en la pasada primavera; siete, en verano, pero las nueve restantes tienen inquilinos no autorizados desde hace más de un año. En todos los casos el Ayuntamiento ha denunciado los hechos y ha instado al desalojo, aunque se está a la espera de lo que dictaminen los jueces. Sorolla explicó que en estos casos no se puede recurrir a la vía penal (allanamiento de morada) ya que la vivienda, salvo que hubiera sido atribuida a otra persona, no tiene un propietario que necesite perentoriamente ocuparla. El procedimiento utilizado, por tanto, en estos casos, es el civil, que resulta bastante lento. La media de lanzamientos (expulsión del inquilino ilegal) es de entre cuatro y cinco meses, pero cuando el propietario es la Administración, puede dilatarse más. Sorolla relativizó el número de ocupaciones ilegales recordando que el Patronato de la Vivienda de Barcelona administra 5.750 pisos. El Consistorio declinó dar las direcciones de los bloques donde hay viviendas ocupadas para evitar el efecto contagio, según un portavoz oficial, es decir, para evitar una ocupación mayor, vista la lentitud en el desalojo. Siete de ellas se hallan en Sant Andreu; cinco, en el distrito de Sant Martí; cuatro están en Ciutat Vella, y las otras dos, en Nou Barris.
La Generalitat tiene viviendas ocupadas en todo el territorio catalán. Si en la ciudad de Barcelona son 21 las viviendas ocupadas que pertenecen a Adigsa, en toda la provincia son 61. "La semana pasada eran 65, pero cuatro han sido desalojadas", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Estos desalojos se deben en algún caso a sentencia judicial y en otros a que el ocupante ha decidido irse tras ser presentada la denuncia. En la provincia de Barcelona, las viviendas ocupadas son: 16, en Badalona; 9, en L'Hospitalet; 4 en Mollet del Vallès; 3, en El Prat; 2 en Terrassa, y 1 en Sant Adrià de Besòs, Sabadell, Sant Celoni, Manresa, Martorell y Vilanova i la Geltrú.
El Pais
Barcelona - 20/12/2009
