Polémicasobre la reforma de las pensiones
Ocho ministros tienen planes de pensiones colectivos por el simple hecho de ser diputados. Sólo dos ministros confiesan abiertamente no tener un fondo
MAR DÍAZ-VARELA / LALO AGUSTINA
El Gobierno ha cerrado filas en apoyo de los planes de pensiones, una de las piezas básicas de la reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Se trata de una polémica iniciada hace ahora 22 años, cuando el gobierno socialista de Felipe González aprobó la ley de fondos de pensiones, que siempre se han concebido como un complemento de las pensiones públicas.
El Ministerio de Trabajo ha emprendido lo que denomina una "labor de apostolado" para explicar, y sobre todo para desdramatizar, la reforma. Por esta razón, el ministro Celestino Corbacho afirmó el martes que tenía un plan de pensiones privado para complementar su pensión cuando llegue el momento de la jubilación. La pensión pública garantiza ahora de media el 80% del último salario medio (pero , eso sí, con un tope máximo de 2.769 euros).
En la línea manifestada por Corbacho se manifestaron ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, que declaró contar con su propio plan de pensiones; también el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien añadió que "no debe ser tan malo cuando cuentan con importantes desgravaciones".
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, explicó que participa en un fondo del Colegio de Economistas de Madrid desde hace años. Mientras, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, también dijo contar con uno, del mismo modo que la ministra de Defensa, Carme Chacón, que respondió a la pregunta con toda naturalidad.
La contratación de un plan de pensiones no contradice el hecho que los ocho ministros que disponen de un escaño de diputado participen de un fondo de pensiones colectivo por la simple razón de ser diputado electo. El Congreso de los Diputados realiza una aportación anual a este fondo de 3.170 euros por cada diputado y también para el personal del Congreso. Los beneficiarios pueden incrementar voluntariamente esta aportación.
En esta situación se encuentran el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, los tres vicepresidentes, María Teresa Fernández De la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves. y los ministros Miguel ÁngelMoratinos (Exteriores), Alfredo Pérez Rubalcaba, (Interior), Carme Chacón (Defensa), y José Blanco (Fomento). Cabe añadir que los ex presidentes de Gobierno cuentan con una pensión vitalicia de 60.000 euros cada año.
La polémica ha puesto de manifiesto que la aportación a un fondo de pensiones -que realizan 10,7 millones de españoles, según los datos de la patronal del sector, Inverco-, sigue siendo para algunos "una cosa de ricos". El patrimonio medio de los planes individuales es de 6.087 euros y el de los colectivos de 15.730 euros. Igual de contundente se manifestó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que cuenta con un patrimonio declarado en el BOE de un millón de euros, y que dijo estar cotizando desde los 22 años. Por lo tanto, dijo, "no necesitará ni siquiera la pensión de ex ministra".
Hay que recordar que los ministros y secretarios de Estado reciben una prestación correspondiente al casi el 80% de su sueldo durante los dos años siguientes a su cese. No quiso aclarar su situación la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, que tiene uno de los mayores patrimonios personales declarados por el Gobierno, con 5 millones de euros.
Para ÁngelesGonzález-Sinde, ministra de Cultura, "éste es un asunto de su vida privada que no le interesa a nadie", dijo en su nombre un portavoz. Su patrimonio declarado es de 269.000 euros. En la misma línea se manifestó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Mucho más prudente se mostró la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien confesó que nunca se le había ocurrido tenerlo, aunque apoya a quienes lo tienen porque es una forma de ahorro. Más rotundo fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño quien dijo que no tiene un plan privado, "pero tengo que decir que nuestras pensiones están consolidadas".
Los portavoces de CiU, Antoni Duran Lleida y de PNV, Josu Erkoreka, no sólo dijeron tenerlo sino que recomendaron hacerlo. Por el contrario el PP aprovechó la polémica para criticar al Gobierno, aunque la mayor parte de sus diputados consultados cuenta con un fondo de pensiones
La Vanguardia.es
11-03-2010
