Casas afectadas edificadas entre las calles de Murtra, Alguer y el pasaje de los Santuaris, ayer. Foto: RICARD CUGAT

ROSA MARI SANZ / ALBERT OLLÉS
BARCELONA

El plan de reforma del Carmel y su entorno, presentado a bombo y platillo por el bipartito municipal de Barcelona el pasado 13 de febrero y tumbado por la oposición ocho días después, está encallado. Tanto que el equipo de gobierno (PSC e ICV-EUiA) ha aplazado su aprobación inicial, barajada como segundo intento para el jueves de la semana que viene en la comisión plenaria de Urbanismo, ante la falta de un consenso político que garantice la mayoría necesaria de votos.

La decisión coincide con el aumento de la tensión entre los vecinos y comerciantes de la zona afectada. Estos se encuentran divididos entre una mayoría que pide que el proyecto --que obligará a derribar 750 casas y realojar a más de 1.900 vecinos-- tenga vía libre cuanto antes, pero con un acuerdo previo con los afectados, y una minoría creciente que lo rechaza de plano.

BLASCO, AL FRENTE
El ayuntamiento reaccionó al rechazo del plan asegurando que iniciaría de forma inmediata las negociaciones para llegar a un acuerdo. Con ese objetivo, el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, se reunió con el líder de CiU, Xavier Trias, aunque lo único que se sabe del encuentro es que, según los convergentes, la concejala de Horta-Guinardó, Elsa Blasco, había sido apartada de la dirección de las operaciones. "Ni se la ha apartado, ni se la ha desautorizado. Blasco sigue al frente", matizaron ayer fuentes municipales.
El nuevo horizonte apuntaba a la primera ronda de sesiones plenarias posterior a las elecciones del 9-M, que se vivirá la próxima semana. Pero no será así. La tumultuosa sesión plenaria del distrito de Horta-Guinardó vivida la noche del martes, en la que un grupo de vecinos pidió explicaciones sobre el asunto, a pesar de no estar en la orden del día, evidenció que el acuerdo está verde. Tanto a nivel político como vecinal.
Oposición y afectados coinciden en pedir más tiempo para estudiar de forma conjunta la reforma y participar en su planificación. Algo que comparte la concejala del distrito. "Es necesario rehacer consensos y reconstruir acuerdos, y eso no se puede hacer de forma precipitada", dijo a este diario. "Nadie está afectado oficialmente por un plan hasta que no se aprueba inicialmente. Por eso presentamos una propuesta de máximos que, una vez se apruebe, iremos modificando con la participación de todos", añadió.

Las asociaciones de vecinos y comerciantes del barrio ven con preocupación el aplazamiento, ya que confiaban en que, tras años de espera, se diera luz verde a una renovación histórica que promete mejorar la habitabilidad y movilidad de esta zona, un claro ejemplo de la Barcelona del subdesarrollismo urbano. "Es una buena reforma. Fue una sorpresa que al final ERC no la apoyara, porque quien pierde, al fin y al cabo, es el barrio", explicó Constantino Enguídanos, secretario de la Associació de Veïns del Carmel.
"Es una lástima este retraso porque nosotros estamos muy ilusionados en que se lleve a cabo. Pero queremos que toda la información sea muy clara", dijo el presidente de la Associació de Comerciants, Josep Maria Mas. Ambos piden que la propuesta se apruebe cuanto antes, tras llegar a un acuerdo con los afectados, ya que, alertan, empieza a detectarse inquietud entre algunos vecinos y propietarios de negocios que aún no saben nada sobre su futuro.
Todo ello está teniendo una primera expresión en la aparición de diferentes voces ciudadanas contrarias al plan. Por un lado, algunos vecinos encontraron el martes en el buzón de sus casas un escrito, anónimo, que denuncia una "operación especulativa" por parte del ayuntamiento, hace un llamamiento a la oposición de la reforma y exige al municipio un plan alternativo.

PLATAFORMA CONTRARIA Y,
por otro, en una de las zonas afectadas, la que comprende las calles de Murtra, de Alguer y el pasaje de los Santuaris, los vecinos, la mayoría propietarios de sus viviendas --edificadas en los años 70 sobre la montaña--, ya han constituido una plataforma para rechazar la expropiación de sus casas. Esta es una de las primeras actuaciones que el proyecto prevé llevar a cabo en esta reforma que se prolongaría, de ser finalmente aprobada, hasta más allá del 2020.

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