La asociación Juristas contra el Ruido ha criticado hoy la pasividad del Gobierno y los ayuntamiento españoles ante la contaminación acústica y ha denunciado la "suma gravedad" de los botellones, donde "el éxito de la fiesta se mide por el número de comas etílicos".
La asociación ha celebrado en Madrid su reunión anual, con asistencia de representantes de una veintena de ciudades españolas, y ha acordado conceder al Ayuntamiento de Sevilla el "premio a las peores prácticas en participación ciudadana en materia medioambiental" y a Ceuta el "Petardo Acústico 2009" como la ciudad que menos lucha contra la contaminación acústica.
En un comunicado remitido a Efe por la sede sevillana de la asociación, los juristas critican "la falta de sensibilidad y de soluciones eficaces" ante el ruido por parte de las administraciones, pues ni los mapas de ruidos ni los planes de acción "suponen ningún tipo de solución al ruido vecinal, de locales de ocio e incluso del tráfico urbano".
El problema "se incrementa en España por el erróneo planteamiento de las administraciones públicas, comenzando por el Ministerio de Medio Ambiente, comunidades autónomas y ayuntamientos", sostienen.
La nota denuncia que en España "persiste con suma gravedad el problema del botellón", una práctica que "fomenta el consumo de drogas" y en la que "el éxito de una fiesta se mide por el número de comas etílicos".
Añade el comunicado que las fiestas populares corren el riesgo de "convertirse en libertinaje común para hacer ruido, perdiendo su identidad cultural", por lo que pide que incluso los eventos religiosos y populares tengan medidas correctoras contra el ruido.
En cuanto a los veladores, con sillas y mesas en el exterior de los bares, los juristas denuncian que "suponen un elemento contaminante y por tanto necesitan de un estudio medioambiental, con alegaciones vecinales".
En caso de duda, "debe prevalecer la salud frente al beneficio económico", sostienen los firmantes.
Juristas contra el Ruido ha acordado pedir a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que los Ayuntamiento adapten sus normas a la legislación europea y nacional y pedir el auxilio del Defensor del Pueblo para que las Administraciones cumplan con la legalidad.
El comunicado lamenta que las Policías Locales, las más próximas al ciudadano, no tengan mayor capacidad de intervención y asegura que el "culto a la medición se ha convertido en una excusa para revertir los derechos comunitarios, de forma que la prueba queda a cargo del contaminador".
Juristas contra el Ruido ha instaurado además un premio al mejor articulo periodístico sobre contaminación acústica que se publique en prensa nacional o local, dotado con 300 euros.
adn.es
24-10-2009
